El Congreso del Estado de San Luis Potosí mantiene bajo la lupa el reciente operativo en el ejido La Peña, donde diputados locales denunciaron posibles violaciones a derechos humanos y el uso desmedido de la fuerza pública. Habitantes de esta zona indígena reportaron agresiones físicas y detenciones arbitrarias tras un violento desalojo por un conflicto agrario, ejecutado por agentes estatales, policías de investigación y civiles armados.
Ante la gravedad de los hechos, el legislador José Roberto García Castillo confirmó que brindan acompañamiento jurídico e institucional a las familias afectadas de la etnia tének. El coordinador de Morena señaló que existen videos y testimonios que evidencian graves fallas en el debido proceso, tales como la falta de intérpretes para los hablantes de lenguas originarias, periodos de incomunicación total con sus familiares y resguardos en condiciones precarias.
La gravedad de la situación escaló a nivel federal, logrando que la Secretaría de Gobernación intervenga en la asesoría legal de los detenidos a través de su Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. García Castillo enfatizó que la condición de vulnerabilidad de los pueblos indígenas exige un respeto irrestricto a sus garantías individuales, por lo que vigilarán de cerca la actuación de las autoridades ministeriales y de seguridad pública.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Marco Gama Basarte, alertó sobre la omisión de protocolos internacionales para la protección de pueblos originarios. El diputado de Movimiento Ciudadano subrayó que las evidencias visuales del desalojo muestran una preocupante desatención hacia los grupos más vulnerables, poniendo en riesgo la integridad de la infancia presente en el sitio.
Finalmente, el Poder Legislativo consideró urgente que la CEDH inicie una investigación exhaustiva del operativo para deslindar responsabilidades y emitir las sanciones correspondientes. Aunque los diputados reconocieron que la acción derivó de una orden judicial por la disputa de tierras, insistieron en que las corporaciones policiacas violaron los usos y costumbres de la comunidad al actuar al margen de los tratados humanitarios.
