El sistema de justicia penal en el país enfrenta su mayor colapso en el área de investigación, donde el acumulado de carpetas pendientes creció exponencialmente en la última década. La coordinadora del Programa de Justicia de ‘México Evalúa’, Susana Camacho, reveló que las fiscalías mexicanas arrastran un rezago histórico de casos sin resolver. Al inicio del modelo acusatorio en 2016 se contabilizaban alrededor de 440 mil asuntos pendientes, una cifra que hoy en día escaló drásticamente hasta superar los 2.5 millones de indagatorias varadas debido a que las instituciones reciben denuncias a un ritmo que rebasa por completo su capacidad de resolución.
La falta de resultados institucionales fomenta directamente el desinterés ciudadano por recurrir a las autoridades ante un hecho delictivo. La especialista detalló que el 35 por ciento de las denuncias termina en el archivo temporal en las instancias estatales, un mecanismo legal que suspende de forma indefinida las investigaciones al no registrar avances sustanciales. Esta práctica genera un freno en la procuración de justicia y fundamenta la profunda desconfianza de la población, que percibe los procesos formales como trámites burocráticos estériles que rara vez derivan en sanciones efectivas.
Para revertir el estancamiento, la organización civil urge a romper con la vieja inercia de tramitación de documentos y priorizar la construcción de casos sólidos ante los jueces. Camacho advirtió que las fiscalías carecen de una coordinación estrecha con las policías municipales, perdiendo información valiosa sobre los delitos cotidianos que estas corporaciones obtienen de primera mano. La transición hacia un modelo eficiente requiere que los ministerios públicos asuman plenamente su rol de investigadores y colaboren con las fuerzas preventivas para fortalecer el esclarecimiento de los delitos.
En el panorama local, San Luis Potosí replica las deficiencias del promedio nacional al enviar una cuarta parte de sus indagatorias al archivo muerto. Sin embargo, el análisis encendió alarmas debido a que la fiscalía potosina reportó inconsistencias graves en sus plantillas de personal ante el Inegi, donde el 64 por ciento de sus plazas figura como personal administrativo y no se registraron agentes ministeriales oficiales. ‘México Evalúa’ atribuyó esta anomalía a una falta de transparencia y calidad en la rendición de cuentas, por lo que exigió datos precisos para conocer la fuerza real de los Ministerios Públicos en la entidad.
