Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas emitieron un pronunciamiento público para expresar su firme rechazo ante las declaraciones del diputado local Héctor Serrano Cortés en contra de la periodista Magui Zacarías. Los hechos ocurrieron el pasado martes 23 de junio en el marco de la cobertura informativa sobre las protestas sociales en contra de una reforma al Código Penal local impulsada por el legislador, la cual ha sido señalada por criminalizar la libertad de expresión.
De acuerdo con la denuncia de las organizaciones, el legislador empleó un lenguaje agresivo tanto verbal como no verbal durante una entrevista realizada por Zacarías. Asimismo, la calificó de «activista política» con el fin de desmeritar su labor profesional, sostuvo que solo las personas con acreditaciones académicas pueden reconocerse como periodistas y amenazó con iniciar acciones legales en su contra debido a los cuestionamientos realizados.
Marco legal y estadísticas de violencia de género contra la prensa
Las organizaciones firmantes recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen que el ejercicio periodístico no está supeditado a títulos profesionales ni a la colegiación obligatoria, considerando tales exigencias como restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.
Aunado a ello, se destacó que la estigmatización y deslegitimación de las mujeres periodistas es una constante en el estado de San Luis Potosí. El informe trimestral más reciente de CIMAC posiciona a la entidad como el estado con mayor número de casos de violencia contra mujeres periodistas en el país, registrando seis de los 38 casos contabilizados a nivel nacional entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026.
Las agresiones verbales se suscitaron en un contexto de descontento social por la aprobación de una reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona con penas de prisión el uso indebido de inteligencia artificial para generar «alarma social.»
Llamado a las autoridades locales y federales
Ante esta situación, el pronunciamiento exige al diputado Héctor Serrano Cortés cesar las declaraciones que deslegitimen el quehacer periodístico de las mujeres e incorporar una perspectiva de género y de derechos humanos en su labor legislativa. De igual forma, se solicitó una postura pública por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas respecto a la agresión contra Magui Zacarías.
Finalmente, el documento insta al Congreso del Estado a rechazar medidas que limiten las garantías individuales y solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025. Este recurso, promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, busca la derogación de los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal estatal, los cuales se han utilizado para castigar las posturas críticas frente al funcionariado público en una región donde la proximidad del proceso electoral de 2027 ha agudizado el riesgo para la prensa.
