El Congreso del Estado de San Luis Potosí carece de credibilidad e independencia para proteger la libertad de prensa tras la integración de su nueva Comisión Especial de Atención a Periodistas. La doctora María Suhey Tristán Rodríguez, especialista en derechos humanos y académica de la UASLP, advirtió que el nombramiento de diputados con antecedentes de confrontación directa con comunicadores y promotores de reformas punitivas representa una abierta provocación contra el gremio periodístico.
La experta alertó que el órgano legislativo nace en un contexto adverso, marcado por el impulso de reformas penales que facilitan la criminalización del ejercicio periodístico y fomentan el uso discrecional del derecho penal para silenciar a las voces críticas. La desconfianza aumenta al revisar los perfiles asignados por el Legislativo: la presidencia quedó a cargo de Dolores Robles Chairez, acompañada por Sara Rocha Medina —acusada de emprender acciones legales contra reporteros— y Héctor Serrano Cortés, el principal promotor de la restrictiva «Ley Serrano», además del legislador Marco Antonio Gama Basarte.
Ante la falta de perfiles que generen certeza entre los 27 integrantes de la legislatura, la investigadora propuso la urgencia de establecer un Consejo Consultivo Ciudadano que sume a periodistas, medios de comunicación y voces independientes. Este mecanismo funcionaría como un contrapeso real frente al poder político, aunque su éxito dependerá exclusivamente de una auténtica voluntad institucional y de que existan garantías reales de autonomía.
El actual panorama político y legal en el estado proyecta un grave retroceso en la libertad de expresión y sepulta la posibilidad de una protección efectiva para los comunicadores. La académica concluyó que la estructura actual de la comisión especial solo consolida la opacidad y ensancha la brecha de desconfianza entre los periodistas potosinos y las autoridades locales.
