La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó un total de 81 agresiones contra profesionales de la información en San Luis Potosí durante el periodo comprendido entre julio de 2012 y junio de 2026. El informe institucional revela un escenario de riesgo sostenido para el ejercicio periodístico en la entidad, caracterizado por una alta incidencia de violencia psicológica, agresiones derivadas de la cobertura política y una participación recurrente de servidores públicos en estos hechos.
El análisis de la evolución temporal demuestra una aceleración en la frecuencia de los ataques durante la gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, periodo en el que se concentra la mayor parte de la violencia reciente. Bajo su administración estatal, compartida temporalmente entre el cierre del sexenio federal de Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos años del mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, se han documentado 69 de las 81 agresiones totales.
Esta cifra contrasta significativamente con el registro histórico previo en la entidad, donde las gestiones de los exgobernadores Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López acumularon un volumen considerablemente menor de casos.
Dentro del desglose estadístico, la violencia psicológica se posiciona como la manifestación más frecuente con el 71.60 por ciento de los reportes, seguida por la violencia física con el 19.75 por ciento y la violencia patrimonial con el 8.64 por ciento. Asimismo, el 64.19 por ciento de los ataques ocurrió en el contexto de coberturas vinculadas a la fuente política, identificándose a 30 personas funcionarias públicas en calidad de agresores.
Como parte de esta misma dinámica de agresiones y restricciones al ejercicio informativo, el reporte destaca la implementación de la Ley Serrano en noviembre de 2025. Esta medida se suma a los factores de vulnerabilidad para la prensa en el estado, debido a que su aplicación introduce mecanismos que facilitan la criminalización del trabajo periodístico y propician entornos de autocensura, lo que agrava la falta de garantías de seguridad para el gremio en la región.
