La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresa Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede en la Zona Industrial de San Luis Potosí, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal dedicada al almacenamiento, manejo y traslado de combustibles introducidos de manera irregular al país.
La FGR identificó a la compañía como parte del entramado empresarial que presuntamente utilizó infraestructura de importación, logística, transporte ferroviario, almacenamiento y distribución de hidrocarburos para movilizar combustible de procedencia ilícita.
Según la investigación, la organización ingresó combustible a México mediante operaciones de comercio exterior en las que presuntamente ocultó la naturaleza real de la mercancía para evadir impuestos y controles regulatorios. Posteriormente, habría trasladado el producto a través de infraestructura especializada.
Como parte de las indagatorias, las autoridades detuvieron a Adriana Magali «N», a quien la Fiscalía identifica como presunta accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo.
En la estructura corporativa de la empresa también aparecen Armando «N», como principal directivo; Cinthia «N», directora administrativo-financiera; e Ivana «N», responsable de funciones administrativas y de coordinación logística. Hasta ahora, la FGR no ha informado sobre la detención, imputación o vinculación a proceso de estas personas, por lo que su mención responde únicamente a los cargos que desempeñan dentro de la compañía.
La Fiscalía busca comprobar si la empresa utilizó sus instalaciones para recibir ferrotanques, descargar combustible, almacenarlo y redistribuirlo mediante una red de operadores especializados.
La investigación forma parte de un expediente de alcance nacional en el que la FGR indaga a 25 personas y diversas empresas por su presunta participación en el esquema conocido como huachicol fiscal.
Conforme avance el proceso, la Fiscalía deberá acreditar con pruebas documentales, periciales y testimoniales el grado de participación de cada uno de los involucrados. A su vez, los tribunales resolverán de manera individual la situación jurídica de las personas señaladas, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
