La propuesta legislativa presentada en el Congreso local para impulsar la contratación de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ en el ámbito público y privado ha generado dudas sobre su alcance real. Aunque plantea modificaciones a tres normativas estatales, el texto final carece de mandatos obligatorios, esquemas de sanción, metas cuantitativas o incentivos concretos para los empleadores.
El proyecto, respaldado por una bancada plural que integra a Frinné Azuara Yarzábal, Héctor Serrano Cortés, Cuauhtli Badillo Moreno y Marco Gama Basarte, sugiere que las dependencias públicas estatales, los ayuntamientos y los entes autónomos promovación la apertura de plazas. Asimismo, busca incorporar dentro de las metas de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable el fomento al empleo formal en empresas con más de 20 trabajadores.
A pesar de que los argumentos del expediente prometen la creación de un modelo evaluable y paulatino, el articulado omite fijar plazos, indicadores de seguimiento, asignación de presupuestos o autoridades encargadas de supervisar los avances. Tampoco altera los procesos tradicionales de reclutamiento basados en perfil profesional, competencias y experiencia, dejando intacta la libertad de contratación de los negocios siempre que no incurran en discriminación.
La iniciativa contrasta con marcos de inclusión laboral implementados en países como Argentina o Uruguay, donde la legislación estipula cuotas obligatorias del 1% para la comunidad trans en la administración pública. Además, la propuesta potosina deja vacíos operativos al no precisar el protocolo para verificar la pertenencia a este sector ni la estrategia para resguardar la privacidad de datos sensibles vinculados a la identidad de género y orientación sexual.
