“El cuerpo se convierte en un instrumento o en un intermediario; si se actúa sobre él encarcelándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien.”
— Michel Foucault, Vigilar y castigar
¿Hasta dónde es capaz de arrastrarse la ambición política cuando el cinismo se convierte en la única moneda de cambio?
Habría que empezar sintiendo vergüenza. Una vergüenza profunda, amarga y colectiva ante la naturalización de una impunidad que ya ni siquiera se molesta en guardar las formas. Cuando el marco de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) es aprovechado para orquestar la visita de la cantante Gloria Trevi al Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila, acompañando al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva, la reunión no se queda en un mero acto de esparcimiento: se transforma en el escenario de un depurado y crudo cálculo político.
En este montaje, la instrumentalización de la vulnerabilidad alcanza un nivel desolador. Bajo la fachada de un encuentro festivo previo al concierto de la artista, donde se repartieron obsequios y se intercambiaron discursos de aliento ante las mujeres privadas de su libertad, el aparato del Estado opera para convertir un espacio de reclusión en una pasarela de posicionamiento oficial. Lo que en el discurso público se maquilla como cercanía o garantía de derechos culturales, en la práctica funciona como la utilización implacable de un público cautivo para nutrir la narrativa del poder estatal. Aquí el concepto de la reinserción social queda reducido a una simple escenografía; presenciamos el interés pragmático por sostener la presencia mediática a costa de quienes se encuentran bajo la tutela absoluta de la institución.
Esta abierta utilización plantea además una interrogante democrática de primer orden que no podemos esquivar: si las personas privadas de la libertad en situación de cárcel conservan sus derechos políticos para emitir su sufragio, ¿permitirán las autoridades que el resto de las candidaturas y fuerzas políticas ingresen a estos mismos centros penitenciarios a exponer sus propuestas en igualdad de condiciones? Garantizar un acceso equitativo e imparcial sería el único gesto verdaderamente democrático; de lo contrario, la institución carcelaria se confirma como un coto exclusivo de propaganda al servicio del proyecto oficial. Cabe preguntarse también si las autoridades electorales actuarán de oficio, analizarán el caso y darán trámite a las quejas que tendrían que derivarse ante lo que representa un inminente y evidente acto de campaña sostenido con infraestructura y recursos públicos.
Esta dinámica evoca con escalofriante precisión la estructura de Marat/Sade, la icónica obra de Peter Weiss. Resulta imposible no recordar la escena donde el Marqués de Sade dirige a los internos del asilo de Charenton para escenificar la revolución frente a la mirada complaciente del director Coulmier. En la obra, el poder permite el teatro de los recluidos solo en la medida en que sirva para ratificar el orden establecido, interrumpiendo la representación cada vez que el discurso de los sometidos pretende salirse del libreto o incomodar a la autoridad.
Sin embargo, fuera de las tablas, la farsa no ocurre dentro de la ficción dramática: ocurre en la realidad penitenciaria de nuestro estado, donde las reclusas no interpretan un papel por catarsis, sino que son puestas en escena para ser espectadores obligados del séquito gubernamental.
Al despojar al individuo de su autonomía para transformar su encierro en propaganda, se confirma la tesis de Erving Goffman sobre las «instituciones totales», donde la persona pierde su individualidad para pasar a ser utilería de la narrativa oficial. Es la manifestación transparente de lo que Achille Mbembe define como la gestión de los «cuerpos administrables», reducidos a meros insumos mediáticos para el fortalecimiento del statu quo.
Si como sociedad aceptamos que la ambición política use a las personas cautivas como público cautivo y escenografía viviente, habremos renunciado al mínimo ético de la vida pública. Como bien sentenció el propio Michel Foucault para denunciar las formas en que el poder expone su dominio sobre quienes ha despojado de todo:
«La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes. Los fabrica por el tipo de existencia que hace llevar a los detenidos: ya se los aísle o se los haga trabajar en común, se los somete a un régimen inútil y contraproducente que los reduce a la condición de objetos manipulables.»
Hasta el próximo martes.
