La multinacional tecnológica Meta, matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, alcanzó un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por un monto de 16 700 millones de dólares. El convenio busca finalizar un proceso judicial masivo impulsado por una coalición de 29 estados que acusaron a la compañía de diseñar conscientemente sus aplicaciones para fomentar la adicción en usuarios menores de edad y recolectar sus datos personales mediante esquemas engañosos.
El arreglo financiero, pendiente de ratificación por parte de un juzgado federal en Oakland, California, incluye el compromiso de implementar cambios estructurales en la operatividad de sus servicios. Las medidas buscan imponer barreras de acceso y limitar las dinámicas de uso para adolescentes, respondiendo a las demandas estatales que originalmente contemplaban sanciones económicas de hasta 200 000 millones de dólares, suma que amenazaba con desestabilizar el modelo de ingresos publicitarios de la empresa.
Durante el desarrollo de las audiencias, las pruebas presentadas expusieron serias deficiencias en las herramientas de protección infantil promovidas por la firma. El director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció que funciones emblemáticas de bienestar digital registraron niveles de uso marginales. Datos internos revelaron que el recordatorio de pausa «Take a Break» solo logró una adopción del 1.8 %, mientras que el «Quiet Mode» alcanzó un 8.7 % entre la audiencia juvenil debido a que no venían configuradas de manera predeterminada.
El proceso contó con los testimonios de excolaboradores de la tecnológica que ratificaron las fallas del sistema. Arturo Béjar, exdirector de ingeniería, afirmó ante el jurado que la herramienta de pausas fue un desarrollo concebido para fracasar. Por su parte, el científico de datos George Volichenko testificó que la alta dirección rechazó activar el modo silencioso por defecto en cuentas de adolescentes para evitar un impacto negativo en las métricas de interacción y en el consumo de anuncios publicitarios.
El desenlace de la demanda contra Meta en EE. UU. marca un precedente regulatorio para la industria de las tecnologías de la información. El desembolso de los 16 700 millones de dólares de Meta y las restricciones operativas obligatorias buscan transformar las políticas de adicción a redes sociales en menores, exigiendo estándares de seguridad verificables para salvaguardar la salud mental de los usuarios más jóvenes.
