El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann planteó fortalecer las capacidades técnicas de los mecanismos de justicia alternativa en San Luis Potosí, mediante una mayor coordinación entre autoridades y especialistas en mediación.
Durante una reunión con integrantes del Colegio de Mediadores de San Luis Potosí, A.C., la presidenta de la asociación, Alejandra Retes Arredondo, y la mediadora Lorena Chávez expusieron las condiciones que enfrentan actualmente los mecanismos de conciliación en la entidad, particularmente ante la saturación de los tribunales.
Las representantes del Colegio entregaron a Valladares un pronunciamiento formal de respaldo a la iniciativa que el legislador presentó en la Cámara de Diputados a principios de año, con la que busca establecer la mediación como una etapa prejudicial en asuntos civiles y familiares.
La propuesta contempla modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para promover que las partes intenten resolver sus diferencias mediante mecanismos alternativos antes de iniciar un proceso judicial.
Valladares Eichelmann destacó la participación de los especialistas y aclaró que su trabajo desde el Congreso de la Unión se concentra en las leyes de carácter nacional, por lo que planteó sumar capacidades técnicas con las autoridades estatales.
“Nuestro ámbito de trabajo está en el Congreso de la Unión, con las leyes marco. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es respaldo técnico y coordinación”, señaló.
El diputado consideró necesario incorporar la experiencia de quienes trabajan directamente en los mecanismos de mediación para mejorar la aplicación de las reformas y facilitar que las familias puedan resolver sus conflictos con mayor rapidez y menor desgaste.
Como parte de esta estrategia, Valladares propuso instalar una mesa de diálogo técnico con la participación de los poderes estatales y representantes del gremio de la abogacía.
La mesa tendría como propósito abordar tres asuntos centrales: la certificación y profesionalización de las personas facilitadoras, el incremento de la capacidad de los centros públicos de mecanismos alternativos y la coordinación entre la reforma federal y la legislación estatal.
El diputado sostuvo que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los especialistas puede contribuir a que la justicia alternativa tenga mayor capacidad de atención y se convierta en una herramienta para reducir la carga de los tribunales.
La propuesta permanece en una etapa de diálogo y coordinación técnica, mientras continúa el análisis de los cambios planteados al marco nacional en materia de procedimientos civiles y familiares.
