Para combatir la saturación que asfixia a los tribunales potosinos, el legislador Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó una iniciativa de ley. La propuesta busca establecer que la mediación y la conciliación sean obligatorias antes de que los ciudadanos puedan iniciar cualquier demanda en el ámbito civil o familiar.
El proyecto legislativo tiene como finalidad reducir los tiempos de resolución, abaratar los costos procesales y mitigar el desgaste emocional de las familias. Bajo este esquema, los involucrados deberán asistir a una audiencia gratuita en los Centros de Mecanismos Alternativos, disponiendo de un plazo de 45 días para intentar un acuerdo amistoso.
La reforma contempla salvaguardas estrictas para proteger a los sectores vulnerables. De este modo, la conciliación obligatoria quedará sin efecto en casos de violencia familiar o cuando existan sospechas fundadas sobre la comisión de algún delito, enviando esos expedientes de manera directa a la vía judicial tradicional.
El diputado argumentó la urgencia del cambio normativo señalando que, según el INEGI, el 70% de las demandas estatales corresponden a lo civil y familiar. Ante un sistema que calificó como colapsado, Valladares defendió la iniciativa como una vía inteligente para resolver conflictos mediante el diálogo guiado en cuestión de semanas.
