El Congreso del Estado perfila el uso de su aparato legal contra las protestas registradas durante la pasada sesión solemne. A pregunta expresa sobre si el Poder Legislativo interpondrá denuncias formales contra la abogada Natalia Castillo y los manifestantes que irrumpieron en el recinto, el diputado Héctor Serrano Cortés evitó asumir una postura directa a título individual y trasladó la determinación a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, instancia que actualmente valora los hechos ocurridos.
Abordado en el salón de plenos previo a la sesión de elección de la Mesa Directiva, el legislador se apegó al comunicado institucional emitido el fin de semana por el Congreso, enfatizando que cualquier procedimiento legal derivado de la manifestación no responde a un conflicto entre particulares ni a consignas dirigidas por algún legislador en específico.
Bajo el argumento de mantener la seguridad y hacer valer el reglamento interior, Serrano sostuvo que el área jurídica analiza las evidencias recabadas para determinar las consecuencias conducentes.
Cuestionado sobre posibles acuerdos o diálogo con la dirigencia estatal de Morena encabezada por Rita Ozalia Rodríguez para distender el conflicto, Serrano descartó cualquier acercamiento formal en torno al tema. Defendió que la soberanía legislativa cuenta con representaciones jurídicas obligadas a actuar ante cualquier alteración de su orden interno, al tiempo que justificó que las partes inconformes acudan a las instancias que consideren pertinentes si acusan vulneración a sus derechos.
El posicionamiento deja la puerta abierta para que el Congreso local judicialice la protesta social registrada en su sede, amparándose en un estricto criterio de apego reglamentario mientras la Junta de Coordinación Política y las bancadas marcan distancia política de las denuncias que su propia área jurídica termine por radicar.
