El relevo en la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí arrancó con un cruce directo de acusaciones entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento capitalino. Luego de asumir la presidencia con 24 votos a favor y tres en contra —estos últimos de la bancada de Morena—, el diputado ecologista Luis Fernando Gámez Macías atribuyó la resistencia parlamentaria a una presunta intervención del alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La respuesta del edil capitalino no tardó en escalar el tono del desencuentro: exigió pruebas de dichos señalamientos y puso en duda la solvencia política del legislador para conducir los trabajos de la Legislatura.
Gámez Macías, quien asumió la titularidad para el último año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura en representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desestimó que los votos en contra derivaran de desacuerdos ideológicos o de aspiraciones internas de Morena. El legislador afirmó ante medios que los votos opositores respondieron a una línea dictada directamente por el presidente municipal, aseverando que en la dinámica democrática «hay que entender que ellos reciben una indicación».
Cuestionado al respecto, Galindo Ceballos rechazó de forma categórica la imputación y retó al recién investido presidente legislativo a sostener legal o políticamente sus afirmaciones. El alcalde advirtió que iniciar una gestión con descalificaciones sin sustento deteriora la investidura de uno de los tres poderes de la entidad, recordándole que ahora encabeza un órgano colegiado compuesto por 27 representantes populares y no una tribuna de disputa facciosa.
Con ironía, el presidente municipal capitalino agradeció la relevancia política que el legislador ecologista le atribuye al colocarlo como el articulador de decisiones ajenas a su administración. No obstante, cuestionó abiertamente la decisión del PVEM de colocar a Gámez Macías en la posición más visible del recinto de Vallejo 200, señalando que dentro del propio grupo parlamentario del Verde existían perfiles con mayor peso, capacidad de consenso y representatividad institucional para asumir la presidencia de la Mesa Directiva.
