El dirigente del Movimiento Nacional Taxista en San Luis Potosí, Crispín Segura, calificó como un «misterio» la estrategia operativa mediante la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutarán el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los choferes y a las empresas de redes de transporte (ERT) como Uber, DiDi y Rappi. Las declaraciones surgen luego de que la Cámara de Diputados aprobara modificaciones a la Ley del ISR para ampliar la base de contribuyentes e incorporar explícitamente a los operadores y plataformas de transporte privado y entrega de alimentos.
Segura argumentó que la mayoría de los corporativos que operan estas aplicaciones tienen sus domicilios fiscales fuera del país o en jurisdicciones de baja imposición tributaria, lo que complica la fiscalización directa sobre los ingresos que se generan en la entidad potosina. Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió anteriormente que dichas plataformas no están obligadas a mantener sedes o representaciones físicas en cada estado donde prestan servicio, factor que obstaculiza la exigencia de obligaciones locales.
El líder gremial criticó que el marco normativo estatal para el transporte a través de aplicaciones lleve cerca de una década sin aplicarse de manera efectiva por la falta de supervisiones e inspecciones sancionatorias por parte de las autoridades competentes. Segura enfatizó que, si bien la recaudación del ISR a este sector es una iniciativa adecuada, su cumplimiento efectivo seguirá siendo limitado mientras las empresas extranjeras no cuenten con esquemas claros de radicación legal y fiscal en territorio nacional.
