El litigio del Gobierno del Estado para rechazar un adeudo de 1,615 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no pagadas a la plantilla burocrática durante el ejercicio 2018 responde a acuerdos cupulares entre la administración saliente, la actual gestión y el Gobierno Federal, aseveró Francisca Reséndiz Lara, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE).
La lideresa sindical remarcó que, pese al discurso mediático contra la denominada «maldita herencia», los grupos políticos en el poder operan bajo complicidad y pactos mutuos. “Nosotros hemos mencionado que aunque diga el gobernador ‘la maldita herencia’, se tapan con la misma cobija: si le jalan a uno, descobijan al otro. Todo ese adeudo tiene autorización de arriba; todo lo sabe el presidente y lo sabe la presidenta. Son arreglos entre ellos”, sostuvo Reséndiz Lara.
Reséndiz Lara vinculó la crisis fiscal del ISR con la falta de transparencia en la Dirección de Pensiones del Estado, donde acusó un bloqueo informativo para ocultar el boquete financiero y la parálisis en el otorgamiento de prestaciones básicas a la burocracia, así como préstamos sindicales aprobados desde hace tres meses que continúan retenidos sin fecha de liberación.
Asimismo, denunció que se impuso una «ley mordaza» a la dirección del organismo para frenar la rendición de cuentas pública e impartir una falsa percepción de estabilidad. Calificó los recursos legales e impugnaciones de la administración actual como intentos por «cubrirse las espaldas» frente al cierre del periodo gubernamental.
Ante el escenario de confrontación entre el fisco federal y el Ejecutivo estatal, la representación del SITTGE señaló que se mantendrá al margen de las disputas partidistas evitando «meterse entre las patas de los caballos» mientras exige la resolución efectiva de los fondos de pensiones y el respeto a los derechos laborales retenidos.
 acusa pactos cupulares entre Gobierno Estatal y Federación tras la deuda de 1,615 MDP con el SAT e irregularidades en Pensiones.){kind=link}