Ante las recientes manifestaciones del gremio taxista, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, aclaró la postura de la dependencia frente a las exigencias del sector y advirtió que no se atenderá a presiones, violencia ni manipulaciones.
La funcionaria detalló que las demandas de los manifestantes han ido cambiando y que actualmente solicitan que los operativos se realicen en conjunto con la Guardia Civil Estatal para detener y poner a disposición del Ministerio Público a los choferes de aplicaciones, lo cual, Martínez Acosta enfatizó que la SCT es una autoridad puramente administrativa y está impedida legalmente para actuar de dicha forma.
«No se trata de lesionar los intereses de nadie ni de violentar derechos humanos. Se trata de poner orden. Las empresas de redes de transporte están contempladas en la ley y hoy la dinámica de la movilidad ha cambiado», declaró.
Para garantizar una convivencia armónica entre taxistas y plataformas, para evitar la saturación de vehículos en la Zona Metropolitana, en apego a la Ley General de Movilidad, la secretaria dio a conocer que se solicitó un estudio especializado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Este análisis determinará cuántos vehículos de plataforma podrán operar formalmente de acuerdo con el número de concesiones de taxi activas.
Martínez Acosta reveló que han detectado casos de taxistas concesionarios que ofrecen servicio a través de aplicaciones digitales, generando incongruencias y quejas de los usuarios.
Asimismo declaró que hasta el momento se mantenía cierta tolerancia, advirtió que la SCT comenzará a integrar expedientes administrativos para aplicar sanciones definitivas, ya que la ley prohíbe a las unidades concesionadas prestar esta clase de modalidad.
Por ello, recomendó a la ciudadanía reportar ante la secretaría el número económico de cualquier taxi que acuda tras haber solicitado un viaje por aplicación.
Finalmente, la titular de la SCT hizo un llamado a las autoridades de seguridad y procuración de justicia para que actúen conforme a la ley en caso de que continúen los bloqueos de calles por parte de manifestantes, recordando que el cierre de vías de comunicación constituye un delito.
