La exigencia de destituir a Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), rebasa las facultades directas del Congreso de San Luis Potosí, reconoció Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo.
Tras reunirse con integrantes del colectivo Vozes, que mantiene tomadas las instalaciones del organismo, el diputado de Movimiento Ciudadano se comprometió a revisar las vías legales para atender sus demandas y dar seguimiento a las quejas pendientes.
Gama Basarte informó que documentará qué recomendaciones de la CEDH continúan sin respuesta y cuánto tiempo llevan pendientes. También recordó que la comisión legislativa aprobó citar a comparecer a Argüelles Moreno, aunque señaló que primero deberán escuchar a ambas partes antes de emitir una valoración sobre el desempeño del organismo.
El legislador explicó que la destitución no corresponde directamente a la comisión y que cualquier procedimiento debe ajustarse a las disposiciones legales. Añadió que las manifestantes plantearon promover un juicio político contra la titular de la CEDH, cuya viabilidad y argumentos deberán analizarse antes de definir posibles acciones desde el Congreso.
Sobre una eventual remoción, Gama Basarte señaló que primero deberán revisar el desempeño del organismo y después valorar las propuestas para reponer el proceso mediante una convocatoria. Sin embargo, no anunció medidas concretas para atender la exigencia de destitución, más allá del seguimiento de las quejas y la revisión de las alternativas jurídicas.
El colectivo Vozes mantiene la toma de las instalaciones y condiciona su liberación a la renuncia de Giovana Argüelles, la primera visitadora Begoña Castillo y Miguel Carbajal Martínez. Las integrantes del grupo acusan a estos funcionarios de omisiones en la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos y preparan acciones legales, entre ellas un juicio político y denuncias penales.
La abogada e integrante del colectivo, Natalia Castillo, advirtió que la protesta podría extenderse a otras oficinas si Argüelles Moreno no deja el cargo. Mientras tanto, la exigencia de las manifestantes permanece sin una resolución y el Congreso deberá determinar qué mecanismos legales puede impulsar dentro de sus atribuciones.
