La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10/2026 contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por expresiones del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra contra el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés. Sin embargo, el organismo no ha informado si inició alguna investigación por los comentarios que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo sobre la orientación sexual de dos funcionarios en agosto de 2025.
Durante un evento de entrega de obras, Gallardo Cardona ironizó sobre sus adversarios políticos y dijo que podrían inventar que Julio César Patiño Morales, entonces director general del Instituto de Regularización y Vivienda Social (INREVIS), y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann eran homosexuales. Los comentarios provocaron risas entre los asistentes.
Tras las declaraciones, colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ manifestaron su rechazo. Consideraron que las expresiones no podían reducirse a un “mal chiste” o una “ocurrencia pasajera”, pues, señalaron, reproducían estigmas y contribuían a normalizar la discriminación mediante la violencia simbólica.
A más de un año de aquellos hechos, no se ha dado a conocer si la CEDH abrió una queja de oficio o adoptó alguna medida para prevenir la repetición de esos comentarios, como ocurrió en el caso de la UASLP.
En el punto 70 de la Recomendación 10/2026, el organismo argumentó que las declaraciones de Zermeño Guerra tuvieron un impacto desproporcionado en el tejido social debido al principio de confianza legítima y a la asimetría de poder vinculada con su cargo.
La CEDH sostuvo que un servidor público de alto nivel puede generar, mediante sus expresiones, la percepción de que los prejuicios, la exclusión y el estigma cuentan con el respaldo o la tolerancia de la institución que representa. En el caso de la universidad, consideró que los comentarios contribuyeron a normalizar la discriminación en el espacio público e incentivaron posibles conductas hostiles contra Serrano Cortés.
El organismo también señaló que el cargo público brinda acceso privilegiado a los medios de comunicación y a audiencias que un ciudadano común no tiene. En ese sentido, afirmó que “la investidura oficial actúa como un megáfono que multiplica el alcance del mensaje, convirtiendo la ofensa en una afectación de orden colectivo”.
Bajo esos argumentos, las expresiones del gobernador podrían plantear cuestionamientos similares a los que la CEDH expuso en el caso del rector, debido a que Gallardo Cardona también ocupa un cargo público de alto nivel y cuenta con una plataforma institucional que amplifica el alcance de sus declaraciones. No obstante, el organismo no ha informado si analizó ambos casos bajo los mismos criterios.
