Proveedores del Gobierno del Estado han comenzado a alertar sobre una serie de llamadas telefónicas con fines de extorsión, en las que los delincuentes utilizan información sensible que coincide con datos entregados previamente a instancias gubernamentales, lo que apunta a un posible hackeo o filtración de las bases de datos oficiales.
De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, las llamadas inician bajo el argumento de provenir del área de Adquisiciones del Gobierno del Estado, una versión que posteriormente se desmorona cuando los interlocutores aseguran pertenecer a un cartel del crimen organizado y comienzan a lanzar amenazas directas, incluyendo supuesta vigilancia de los domicilios, para exigir dinero.
“Ya me han llamado tres veces. La primera me asustaron mucho porque dijeron que estaban afuera de mi casa, pero colgué de inmediato, llamé a mi familia y todos estaban bien”, relató la persona afectada, quien subrayó que este tipo de llamadas buscan generar pánico para forzar pagos inmediatos.
El testimonio advierte que, aunque los números desde los que se realizan las llamadas suelen ser locales, en muchos casos los responsables operan desde centros penitenciarios de otros estados, una práctica ya identificada por autoridades de seguridad a nivel nacional.
Lo más preocupante, señalan los afectados, es que los extorsionadores cuentan con datos específicos que únicamente han sido proporcionados por los proveedores al Gobierno del Estado a través de plataformas oficiales, lo que refuerza la hipótesis de una vulneración a los sistemas de resguardo de información pública o una filtración interna.
“Estas personas se roban información de las plataformas, por eso tienen nuestros datos”, advirtió otro denunciante, quien llamó a no contestar este tipo de llamadas, colgar de inmediato y no dejarse intimidar.
Ante estos hechos, crece la exigencia de que el Gobierno del Estado aclare si sus bases de datos han sido comprometidas y qué medidas de ciberseguridad se están implementando para proteger la información de proveedores y ciudadanos.
