El Congreso local analiza una propuesta para sancionar la violencia digital contra la tercera edad, sin embargo, especialistas advierten que su ambigüedad pone en riesgo la libre opinión y el ejercicio periodístico. La iniciativa busca reformar la legislación estatal, pero la falta de precisión en sus términos genera preocupación en el ámbito legal debido a los alcances que podría tener sobre las publicaciones en plataformas virtuales.
El abogado Jorge Chessal Palau señaló que la propuesta del diputado Arturo Lara Rocha presenta graves riesgos por su vaguedad y excesiva amplitud. Aunque el especialista reconoce que proteger a las personas adultas mayores es un fin constitucionalmente válido, el texto actual abre la puerta a la censura al calificar como agresiones ciertas conductas que están amparadas bajo el derecho a la libre manifestación de ideas.
La polémica reforma pretende incorporar el concepto de violencia digital para castigar conductas que afecten la privacidad, seguridad, patrimonio o dignidad de este sector mediante redes sociales y medios electrónicos. No obstante, el jurista criticó que el proyecto incluya la frase «cualquier otra forma de afectación cometida mediante medios digitales», ya que deja una interpretación subjetiva que criminaliza la crítica pública hacia funcionarios o figuras de la tercera edad.
El sector legislativo busca erradicar problemáticas reales como el fraude cibernético y la suplantación de identidad, pero el diseño normativo actual podría terminar alcanzando expresiones protegidas por la ley en lugar de combatir delitos específicos. El análisis de la reforma continuará en comisiones, donde se espera que los legisladores corrijan la redacción para evitar un impacto colateral negativo en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
