La organización internacional ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, expresó su profunda preocupación ante las recientes amenazas legales y descalificaciones emitidas por el diputado Héctor Serrano Cortés en contra de integrantes de la prensa. Los hechos ocurrieron durante la cobertura de las manifestaciones realizadas el pasado 23 de junio en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde diversos sectores protestaron contra la reforma al Código Penal que tipifica como delito el uso de inteligencia artificial con fines considerados ilícitos.
El diferendo central inició cuando la periodista Magui Zacarías, del medio CRM Noticias, cuestionó al legislador sobre la ambigüedad en la definición de quiénes son considerados periodistas bajo los criterios de la reforma que adiciona el artículo 187 Ter al Código Penal local. De acuerdo con los registros del suceso, Serrano Cortés rechazó el debate argumentando que para ejercer la profesión es necesario estar acreditado, al tiempo que cuestionó la formación académica de la reportera y catalogó su labor como activismo político con el fin de restarle legitimidad a su trabajo informativo.
La organización defensora de la libertad de expresión enfatizó la gravedad de que un servidor público sugiera que la crítica periodística conlleva el riesgo de enfrentar procesos judiciales. Aunque el diputado aclaró posteriormente que no existía una demanda específica contra la reportera en mención, ARTICLE 19 señaló que las advertencias veladas resultan alarmantes en un contexto estatal donde la persecución judicial hacia los comunicadores ha registrado un incremento notable.
Este incidente se suma a un historial de documentación realizado por la organización desde la entrada en vigor de la modificación legal, periodo en el cual se ha registrado la detención de al menos tres personas y la emisión de órdenes de aprehensión contra ocho más bajo los mismos supuestos normativos. Los especialistas han reiterado de forma constante que la implementación de tipos penales amplios y técnicamente imprecisos propicia un entorno de alta vulnerabilidad para quienes ejercen el periodismo.
En el aspecto legal, ARTICLE 19 recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con claridad que la definición de periodista debe ser amplia y fundamentarse en la función social que se desempeña, de modo que no puede condicionarse a estudios formales o poseer una identificación oficial. La libre manifestación de ideas y el derecho a la información constituyen pilares fundamentales para la rendición de cuentas, por lo que las descalificaciones desde el poder público generan un efecto inhibitorio que vulnera el debate sobre asuntos de interés general.
Ante este panorama, la organización civil emitió diversos exhortos formales dirigidos a las autoridades competentes. En primer lugar, instó al diputado Héctor Serrano Cortés a conducirse dentro del marco institucional y abstenerse de emitir declaraciones que intimiden o deslegitimen el ejercicio crítico de la prensa. Asimismo, solicitó al Congreso del Estado de San Luis Potosí asegurar un entorno seguro para la labor informativa y dar el trámite correspondiente a la iniciativa ciudadana orientada a derogar la denominada «Ley Serrano».
Finalmente, ARTICLE 19 pidió la intervención activa de los organismos de protección y derechos humanos. Exigió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí realizar un seguimiento puntual de las agresiones reportadas por el gremio, y demandó al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la implementación de medidas proactivas que detengan el patrón de criminalización detectado y garanticen la seguridad de los comunicadores en el estado.
