Trabajadores municipales y elementos policiacos de Tampamolón Corona comenzaron este viernes con la fragmentación y asignación de solares en el predio La Peña, apenas días después de haber desalojado de manera violenta a familias tének y nahua que habitaban pacíficamente el lugar desde hace más de tres décadas. La comunidad afectada denunció que, mientras la alcaldesa Silvia Medina avanza con la distribución de los terrenos argumentando tener el respaldo del Ejecutivo Estatal, en el sitio de los hechos se ejecuta el saqueo y la quema de las pertenencias que los residentes no lograron rescatar durante el operativo.
Integrantes de las familias despojadas, respaldados por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), se manifestaron frente a las oficinas del Gobierno del Estado para acusar que la intervención de las autoridades locales y estatales complica el panorama jurídico y social de los pueblos originarios. Pedro González Gómez, secretario de la organización agraria, advirtió el riesgo de que este conflicto se use con fines clientelares ante las próximas elecciones, condicionando la entrega de terrenos y programas sociales a cambio de apoyo político.
Frente a los atropellos documentados, los afectados anunciaron que recurrirán a instancias federales y prevén que la próxima semana el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Guardia Nacional resuelvan de manera definitiva la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Adicionalmente, una comitiva de las etnias damnificadas se trasladará la primera semana de julio a la Ciudad de México para protestar frente a Palacio Nacional y exigir el cese a las violaciones de sus derechos humanos.
