La organización Ciudadanos Observando advirtió inconsistencias entre los recursos destinados al pago de nómina por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la información que diversas instituciones públicas reportan en sus propios portales de transparencia, situación que, afirmó, genera dudas sobre la veracidad de los datos oficiales.
Con base en una investigación elaborada a partir de los reportes de egresos publicados por la Secretaría de Finanzas, la organización identificó que durante junio diez dependencias, organismos y poderes públicos recibieron en conjunto 343 millones 273 mil 577 pesos para el pago de sueldos.
La Fiscalía General del Estado recibió el monto más alto, con 108 millones 411 mil 210 pesos, seguida por el Poder Judicial del Estado, que obtuvo 96 millones 86 mil 854 pesos. Entre ambas instituciones concentraron más de 204 millones de pesos, equivalente a cerca del 60 % de los recursos asignados a las diez nóminas más elevadas.
El listado continúa con:
- Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí: 33 millones 333 mil 331 pesos.
- Congreso del Estado: 23 millones 114 mil 368 pesos.
- Instituto de Fiscalización Superior del Estado: 22 millones 932 mil 395 pesos.
- DIF Estatal: 22 millones 21 mil 865 pesos.
- Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga «Profesor Carlos Jonguitud Barrios»: 11 millones 586 mil 893 pesos.
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECyTE): 11 millones 350 mil 256 pesos.
- Junta Estatal de Caminos: 8 millones 620 mil 409 pesos.
- Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC): 5 millones 815 mil 994 pesos.
Ciudadanos Observando aseguró que encontró diferencias al comparar los recursos entregados por la Secretaría de Finanzas con la información publicada por algunos organismos, particularmente en los casos del Congreso del Estado y del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, donde los montos reportados como gasto en nómina no coinciden con los recursos registrados por la Sefin.
La organización sostuvo que la ciudadanía no debería tener que interpretar archivos complejos para conocer el costo real de las nóminas públicas y recordó que el artículo 84, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga a todas las instituciones a publicar la remuneración bruta y neta de sus servidores públicos, así como prestaciones, bonos, compensaciones, gratificaciones y cualquier otra percepción.
Ciudadanos Observando afirmó que las discrepancias entre los datos de la Secretaría de Finanzas y los reportes de los organismos afectan la credibilidad de la transparencia gubernamental.
«Cuando la Secretaría de Finanzas publica una cantidad y el organismo beneficiado reporta otra, la transparencia pierde credibilidad y se generan muchas dudas», señaló la organización.
Finalmente, el organismo concluyó que mientras las cifras oficiales no coincidan y las autoridades no expliquen las diferencias, persistirán las dudas sobre el costo real de las nóminas públicas en San Luis Potosí.
