La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir las modificaciones realizadas al artículo 122 Bis de la Constitución de San Luis Potosí, en las cuales se establecieron los nuevos requisitos y lineamientos para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE). El recurso de impugnación quedó asentado bajo el expediente 130/2026 y fue turnado a la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, señalando como autoridades demandadas a los poderes Ejecutivo y Legislativo de San Luis Potosí.
El procedimiento legal controvierte el Decreto 0589, aprobado por el Congreso del Estado y publicado formalmente el pasado 2 de septiembre. Entre las disposiciones incorporadas al texto constitucional se fijó un periodo de siete años al frente del organismo procurador de justicia sin posibilidad de reelección, la exigencia de la ciudadanía mexicana por nacimiento, contar con al menos 35 años de edad, cédula profesional en Derecho con antigüedad mínima de cinco años y acreditar una residencia efectiva de dos años en la entidad potosina.
Aunque los registros públicos del tribunal supremo confirman la radicación del expediente y el turno formal a la ministra ponente, el expediente aún no detalla los conceptos de invalidez ni las porciones específicas del articulado que fueron señaladas por el organismo defensor de derechos humanos. Con la admisión a trámite de este recurso promovido por la CNDH, la reforma aprobada por la legislatura local entra en una fase de revisión constitucional que determinará la validez y vigencia del marco normativo fijado para la FGE.
