La brecha entre la ambición electoral y la responsabilidad constitucional es cada vez más evidente en la trayectoria de la senadora Ruth Miriam González Silva. Mientras las necesidades legislativas del país demandan rigor, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México parece haber convertido su escaño en una mera plataforma de posicionamiento personal con la mirada fija en las elecciones gubernamentales de 2027 en San Luis Potosí. Esta estrategia, fundamentada en el reparto masivo de dádivas y una millonaria inversión publicitaria, contrasta abiertamente con sus magros resultados en la máxima tribuna del país.
El despliegue de recursos para su promoción personal abarca un catálogo tan diverso como cuestionable que incluye desde tinacos y electrodomésticos con su nombre grabado, hasta artículos alusivos al Mundial de Futbol marcados con el número 27. Estas acciones, lejos de constituir una gestión parlamentaria genuina, configuran una campaña adelantada que carece de transparencia en su financiamiento.
La senadora no solo utiliza su imagen en eventos masivos y entregas clientelares, sino que se apoya en la estructura gubernamental de su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, asistiendo a inauguraciones de obras públicas bajo el cobijo de supuestas invitaciones oficiales.
Mientras este activismo electoral inunda las calles potosinas y las redes sociales, el trabajo en la LXVI Legislatura se mantiene en un segundo plano. Los datos duros del Senado de la República revelan que González Silva ha presentado únicamente 29 iniciativas por cuenta propia, de las cuales solo tres han alcanzado la aprobación, enfocadas principalmente en cambios de nomenclatura legal o efemérides.
Esta baja productividad legislativa resulta aún más severa si se considera que la legisladora dispone de un equipo de siete asesores que representan un costo mensual de más de 200 mil pesos para el erario, un gasto que no se traduce en leyes de impacto real para los ciudadanos.
El financiamiento de su proyección digital profundiza los cuestionamientos sobre sus prioridades. Con más de un millón de pesos invertidos de forma directa en la plataforma Meta y una triangulación de al menos 2.9 millones de pesos a través de páginas de videos virales como Badabun para amplificar su imagen asociada a programas sociales, la legisladora prioriza el impacto mediático sobre la rendición de cuentas. Ante las solicitudes de información sobre el origen de estos fondos, el silencio ha sido la única respuesta por parte de su equipo de comunicación.
Esta abierta campaña de posicionamiento familiar ya ha comenzado a generar fracturas en la coalición oficialista. Figuras de Morena han manifestado su rechazo a perpetuar dinámicas de herencia política en San Luis Potosí, alineándose con la postura nacional de no otorgar candidaturas a familiares directos de gobernantes en funciones.
Sin embargo, la estrategia de González Silva parece inamovible, dejando en evidencia un modelo político donde el asistencialismo y las sesiones de fotos sustituyen el debate parlamentario y el verdadero trabajo legislativo por el que fue electa.
