Tres de cada cuatro casos revisados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) en lo que va del año han culminado en la inhabilitación del personal involucrado. La magistrada presidenta del organismo, María Olvido Rodríguez Vázquez, confirmó que de una carga de trabajo cercana a los 200 expedientes iniciados en 2026, tres cuartas partes derivaron en resoluciones que impiden el ejercicio de cargos públicos.
Los procedimientos atienden anomalías imputadas a excolaboradores y autoridades vigentes tanto del ámbito municipal como estatal. Gran parte de estos expedientes surgen a partir de indagatorias promovidas por la Contraloría General del Estado (CGE) y de observaciones emitidas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) relacionadas con el manejo opaco de recursos o inconsistencias severas en las cuentas públicas.
Aunque el pronunciamiento del tribunal representa un paso determinante en la rendición de cuentas local, la juzgadora aclaró que la institución no dicta la sentencia definitiva de inmediato. Quienes resultan sancionados mantienen el derecho de recurrir a instancias superiores mediante la cadena de impugnación legal para intentar revertir el fallo.
Pese a los recursos legales tramitados de forma posterior por las partes inconformes, la tendencia histórica del tribunal sostiene que la mayoría de los dictámenes se confirman en las etapas finales del proceso. Adicionalmente a las responsabilidades administrativas y el control de cuentas públicas, el TEJA mantiene dentro de sus atribuciones operativas la resolución de controversias vinculadas a la imposición de multas fiscales en la entidad.
