El debate público en torno a la contratación del estratega estadounidense Roger Stone por parte del Gobierno de San Luis Potosí ha trasladado su atención al entorno digital. Tras la difusión de la investigación del periodista José Díaz Briseño sobre el pago de 750 mil dólares a operadores vinculados con Donald Trump, diversas plataformas de redes sociales, particularmente los canales oficiales del diario El País México, registraron una inusual actividad de comentarios orientados a justificar y exaltar el polémico acuerdo financiero.
Diversas denuncias ciudadanas han exhibido de manera directa el funcionamiento de estrategias de manipulación digital y operaciones automatizadas para contrarrestar las críticas hacia la administración de Ricardo Gallardo. Los perfiles utilizados para esta simulación, comparten una misma narrativa y estilo de redacción, además de ser cuentas sin contenido activo, con pocos seguidores y/o amigos, además de extrañamente, en un 90% describen «Desarrollador Web» como su ocupación.
Los señalamientos apuntan a que estas estructuras de desinformación operan con el objetivo deliberado de limpiar la narrativa en torno a un convenio que analistas vinculan con una posible búsqueda de inmunidad ante presuntas indagatorias estadounidenses contra la clase política mexicana.
El fenómeno ha provocado cuestionamientos no solo por el intento de moldear artificialmente la opinión pública en temas de alta sensibilidad institucional, sino por el origen de los recursos que sostienen dichas infraestructuras.
De acuerdo con las observaciones de usuarios en redes que han documentado el comportamiento de estas cuentas artificiales, este tipo de despliegues y campañas digitales coordinadas representan un alto costo económico, lo que levanta fundadas sospechas sobre el uso de recursos del erario público para financiar la defensa mediática de intereses particulares.
