San Luis Potosí se identificó por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los puntos clave en la ruta ferroviaria utilizada por una presunta red de contrabando de hidrocarburos, cuya operación habría ocasionado un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
La dependencia informó que la investigación permitió localizar ferrotanques vinculados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, además de los 33 vagones inicialmente encontrados en Ramos Arizpe, Coahuila, hallazgo que dio origen a la indagatoria.
De acuerdo con la FGR, las inspecciones de campo, los análisis periciales y la revisión de la cadena logística revelaron que los ferrotanques detectados en distintas entidades compartían un mismo patrón: en la documentación aduanera solo se declaraba el 10 por ciento del combustible que realmente transportaban.
Con esos elementos, los investigadores reconstruyeron la ruta ferroviaria utilizada para movilizar el hidrocarburo e identificaron una red logística con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en varios estados del país.
La Fiscalía recordó que desde 2025 se realizaron diversos operativos relacionados con esta investigación, entre ellos uno en un patio ferroviario ubicado en el municipio de Vanegas, San Luis Potosí, además de acciones en Coahuila y Tamaulipas.
La investigación también permitió identificar a la empresa señalada como principal importadora del combustible. Según la FGR, la sociedad se constituyó en agosto de 2018 en la Ciudad de México y posteriormente amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias.
En ese contexto, la dependencia aseguró que Ernesto «N», identificado públicamente como el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, se incorporó a la estructura societaria de la empresa meses después de su creación. La investigación sostiene que para 2021 ya era accionista y ocupaba la Secretaría del Consejo de Administración, participando en decisiones estratégicas y en diversos actos corporativos junto con otro de los investigados.
La FGR enfatizó que la presunta participación de los imputados surgió a partir de las diligencias ministeriales y no responde a motivos políticos.
Como parte de la integración del expediente, la institución informó que ha reunido 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos. Estos estudios buscan determinar la capacidad real de los ferrotanques, el volumen de combustible transportado y las características del producto asegurado.
La Fiscalía precisó que, hasta ahora, la imputación formal considera un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025. Sin embargo, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió detectar más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, por lo que el daño patrimonial podría superar los 4 mil millones de pesos conforme avance la investigación complementaria.
La institución agregó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución y reiteró que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas.
