La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí sostuvo que la liberación de las dos mujeres detenidas por el presunto uso de inteligencia artificial para dañar la integridad de una figura política local se resolvió mediante los canales legales del estado, rechazando que el Gobierno Federal haya influido en el resultado.
La titular de la institución, Manuela García Cázares, explicó de manera general que el desenlace del caso respondió de forma exclusiva al procedimiento penal de la entidad. Según la funcionaria, la defensa de las imputadas solicitó una suspensión condicional del proceso, un recurso contemplado en el sistema de justicia actual que fue ratificado por el juez correspondiente, argumentando que existían elementos de prueba en la indagatoria.
García Cázares enfatizó que la resolución judicial no fue producto de presiones políticas ni de gestiones de organismos externos, en clara alusión al informe previo de la Secretaría de Gobernación. Durante el fin de semana, la dependencia federal había adjudicado el cese de la detención a su propia intervención y acompañamiento en el caso.
A pesar de la postura oficial de la Fiscalía local, persisten los cuestionamientos sobre el peso de la opinión pública nacional en el conflicto. El contraste entre las versiones de la federación y el estado mantiene bajo escrutinio las acusaciones de presunta represión contra Eréndira Aguillón y su hija, cuya liberación finalizó tras la confrontación de narrativas institucionales.
