Fiscalía desacata orden federal y frena restitución de tierras indígenas en Tampamolón

El Ministerio Público del Estado mantiene congelada la devolución inmediata del predio “La Peña” a las familias indígenas que sufrieron un violento desalojo en el municipio de Tampamolón Corona. Integrantes del Observatorio Indígena Mesoamericano denunciaron que la Fiscalía General del Estado incurre en una omisión grave, pues el personal de la dependencia argumenta que requiere de «órdenes superiores» para cumplir con un mandato judicial de jerarquía federal.

La resolución que beneficia a la comunidad afectada la dictó el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Ciudad Valles, en estricto cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Noveno Circuito. El fallo judicial no solo ordena la recuperación del terreno para los legítimos posesionarios, sino que obliga a las autoridades a la restitución de los bienes sustraídos de las viviendas durante el operativo policiaco.

Defensores de derechos humanos califican la postura de la Unidad de Investigación y Litigación local como una indebida subordinación política que busca ganar tiempo a favor de los agresores. Los denunciantes, encabezados por el activista Juan Felipe Cisneros Sánchez, recordaron que la demora en la ejecución del fallo vulnera los derechos constitucionales de los pueblos originarios y genera responsabilidades legales y administrativas para los funcionarios estatales que retrasen el proceso.

El caso adquiere mayor relevancia debido a los señalamientos directos que pesan sobre la alcaldesa de Tampamolón Corona, a quien acusan de coparticipar en el desalojo ilegal de las familias. El operativo en cuestión se ejecutó con el uso de la fuerza pública, mediante el despliegue coordinado de elementos de la policía municipal y de la Guardia Civil Estatal.

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