La representación social del municipio de Tampamolón Corona mantiene una postura de resistencia frente al mandato de una autoridad federal, la cual ordena devolver de forma inmediata las tierras y viviendas destruidas a los habitantes del predio La Peña. Ante el retraso injustificado de la autoridad local, la comunidad indígena afectada se vio obligada a promover un recurso de apercibimiento legal para exigir que se agilice la devolución de su patrimonio histórico.
La resolución, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Ciudad Valles, concedió una suspensión provisional con efectos restitutorios a favor de las poblaciones de origen tének y nahua. Estas familias han mantenido la posesión pacífica de sus tierras en la localidad de Agua Fría por más de tres décadas, hasta que sufrieron el despojo y la destrucción total de sus hogares en días pasados.
El mandato federal especifica detalladamente que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación debe levantar un acta circunstanciada de la entrega inmediata, garantizando la total seguridad de los afectados durante el proceso. Sin embargo, la omisión de la fiscalía local ha frenado el proceso, extendiendo la condición de vulnerabilidad de las familias desincorporadas de sus propiedades.
Con el objetivo de destrabar el conflicto y dar certeza jurídica, el dictamen judicial también obliga a vincular al Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Tancanhuitz. Esta institución debe designar traductores en lenguas náhuatl, tének y maya para salvaguardar los derechos humanos y procesales de las víctimas, quienes esperan que la sentencia federal se ejecute sin más dilaciones.
