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Fiscalía y Poder Judicial absorben el 60% de la nómina estatal en San Luis Potosí entre dudas de transparencia

Ciudadanos Observando detectó discrepancias en el gasto de nómina en San Luis Potosí; la Fiscalía y el Poder Judicial concentran los montos más altos.

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Revelan discrepancias entre las transferencias de Finanzas y los reportes de los organismos

Un análisis elaborado por la organización Ciudadanos Observando puso al descubierto importantes vacíos en la rendición de cuentas sobre el gasto corriente en el gobierno estatal. Con base en los egresos difundidos por la Secretaría de Finanzas en la Plataforma Estatal de Transparencia, durante el mes de junio se transfirieron 343.2 millones de pesos a diez dependencias y poderes públicos para cubrir el pago de sueldos, aunque las cifras no concuerdan con lo reportado de manera individual por los propios entes.

El gasto de personal se encuentra fuertemente centralizado. La Fiscalía General del Estado encabezó el listado al recibir 108.4 millones de pesos, seguida inmediatamente por el Poder Judicial del Estado, que registró una partida de 96 millones de pesos. Entre ambas instancias acumularon más de 204 millones de pesos, acaparando cerca del 60% del presupuesto asignado a las instituciones con los presupuestos de nómina más elevados.

La lista de dependencias con mayores erogaciones en este rubro se completa con el Colegio de Bachilleres, el Congreso del Estado, el Instituto de Fiscalización Superior, el DIF Estatal, los Centros Estatales Tangamanga, el CECyTE, la Junta Estatal de Caminos y el CEEPAC.

No obstante, la investigación de la organización civil subraya incongruencias severas en entes como el Poder Legislativo y el Instituto de Fiscalización Superior. En estos casos, los montos declarados internamente en concepto de remuneraciones y gastos de nómina no coinciden con las sumas que la Secretaría de Finanzas asegura haber otorgado, situación que empaña la veracidad de los datos contables.

El colectivo recordó que la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información exige hacer públicos no solo los salarios netos, sino también las compensaciones, bonos, prestaciones y cualquier gratificación adicional entregada a los funcionarios. Frente a un volumen financiero que supera los 343 millones de pesos ejercidos en un único mes, la agrupación instó a las autoridades a aclarar de inmediato los desfases para asegurar un ejercicio real de rendición de cuentas.

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