La promesa de apertura duró poco. Apenas el pasado 16 de julio, tras la derogación de la polémica reforma conocida como «Ley Serrano» y el rechazo generalizado del gremio periodístico frente a las amenazas a la libertad de expresión, el diputado Héctor Serrano se comprometió en Palacio de Gobierno a abrir una segunda vuelta de discusión verdaderamente plural, participativa y transparente. Sin embargo, el ejercicio anunciado para este miércoles 2 y jueves 3 de septiembre en el hotel Hyatt de San Luis Potosí dista mucho de ser un espacio público.
El debate se trasladó a un salón privado con acceso restringido y una selecta lista de invitados. Aunque el programa contempla ponentes de trayectoria como Ernesto Villanueva o integrantes de Artículo 19 —cuyas aportaciones son legítimas y necesarias—, el fondo del asunto radica en la opacidad del proceso. No existió una convocatoria abierta, no se consultó a los colectivos locales ni al grueso de los periodistas que ejercen en la entidad, y tampoco se incluyó a la totalidad de las fracciones parlamentarias del Congreso local.
Justificar la exclusión bajo el pretexto de la falta de espacio resulta insostenible en una ciudad con infraestructura de sobra para albergar foros de interés público. Administrar la entrada y seleccionar a modo a los interlocutores desvirtúa cualquier concepto de parlamento abierto, más aún cuando se trata de una discusión financiada con recursos públicos y enfocada en regular materias sensibles como el uso de inteligencia artificial y el ejercicio periodístico.
El debate legislativo no puede condicionarse a un filtro de exclusividad ni a comidas privadas. Si la intención real es construir un marco legal que respete la libre manifestación de las ideas y subsane los errores que derivaron en protestas e inconformidad social, la discusión debe darse de frente a la ciudadanía, sin listas VIP y con las puertas abiertas para todo el gremio.
