La estructura de acceso a la información pública en San Luis Potosí perfila una transformación profunda. Una propuesta legislativa radicada en el Congreso local plantea la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública para dar paso al Instituto Potosino de Apertura Gubernamental. El proyecto, impulsado por el diputado Luis Felipe Castro Barrón con respaldo del Ejecutivo estatal, reconfigura de fondo la fiscalización y la atención ciudadana en la materia.
Bajo la nueva arquitectura institucional, el IPAG operaría sectorizado a la Contraloría General del Estado y su titularidad dependería de la designación del Gobernador. El organismo asumiría la resolución de los recursos de revisión vinculados al Poder Ejecutivo y a los 59 municipios. Por su parte, el Congreso, el Poder Judicial y los órganos autónomos procesarían sus propios litigios informativos mediante sus Órganos Internos de Control.
El ajuste legal contempla eliminar la figura del Pleno de comisionados y el Consejo Consultivo. Además, amplía los plazos de atención ciudadana: el periodo ordinario para responder solicitudes pasaría de 10 a 15 días hábiles, con opción a una prórroga de 10 días más, fijando un tope de hasta 25 días hábiles. Las actualizaciones en las obligaciones de transparencia —como nómina, contratos y gasto público— mantendrán una periodicidad trimestral.
Pese a que el dictamen suprime la facultad del órgano para promover acciones de inconstitucionalidad, ratifica la obligación de transparentar suELDOS, presupuestos y padrones de proveedores. Asimismo, prohíbe que las dependencias aleguen la inexistencia de archivos que legalmente debieron generar. El documento ya se encuentra en la Comisión de Transparencia para su dictaminación.
