El Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí asestó un revés a la política recaudatoria estatal al conceder el amparo 557/2025 al ciudadano Luis González Lozano. La resolución federal determinó que la tarifa de 6.6 Unidades de Medida y Actualización (UMA) impuesta por la renovación o reposición de la tarjeta de circulación vulnera de forma directa el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, desnudando un esquema de cobro que excede con creces el costo real del trámite.
La sentencia evidenció la falta de sustento en las arcas públicas: mientras que la emisión física del plástico ronda apenas los $75.00 pesos, la Secretaría de Finanzas exige un monto cercano a diez veces esa cifra. El fallo subraya que el Gobierno del Estado fue incapaz de acreditar justificación técnica alguna para respaldar el incremento del 128% aplicado a este concepto, dejando al descubierto una carga impuesta de manera unilateral y sin rigor técnico.
Una vez que la resolución cause ejecutoria, la autoridad quedará obligada a desincorporar esta tarifa de la esfera jurídica del quejoso en ejercicios presentes y futuros mientras la legislación no se reforme. Asimismo, se anulará el pago efectuado el pasado 29 de abril de 2025, obligando al Estado a cobrar únicamente el costo real del servicio y restituir a González Lozano la diferencia cobrada en exceso.
Aunque el alcance del amparo beneficia en lo inmediato solo al promovente debido al principio de relatividad de las sentencias, el fallo marca un precedente insoslayable contra la recaudación arbitraria. La resolución deja claro que los derechos vehiculares no pueden convertirse en mecanismos desmedidos de financiamiento público a espaldas de la Constitución.
El caso añade además una dimensión inédita al ejercicio del derecho en la entidad, al constituirse como un litigio estructurado en sus partes medulares mediante inteligencia artificial. Bajo una supervisión profesional estricta que mantuvo intacto el rigor técnico, la herramienta demostró solvencia frente al escrutinio del Poder Judicial Federal, abriendo una nueva vía para la defensa legal ciudadana frente a los excesos fiscales.
