La regulación electoral sobre paridad y alternancia en San Luis Potosí llegó formalmente a los tribunales constitucionales. El partido Morena y el Poder Ejecutivo Federal promovieron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir el Decreto 0539, un paquete de reformas aprobado por el legislativo local que fija las reglas de género para la candidatura a la gubernatura del estado hacia el año 2033.
Las impugnaciones, radicadas bajo los expedientes 81/2026 y 86/2026, cuestionan los alcances del modelo de alternancia diseñado para aplicarse en las contiendas posteriores a 2027. La presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, confirmó la existencia de los recursos jurídicos y calificó los juicios como un posible retroceso para los derechos políticos de las mujeres, argumentando que el esquema busca garantizar espacios de representación en la magistratura estatal.
El marco normativo bajo controversia establece un mecanismo gradual para las fuerzas políticas. Para los comicios de 2027, los institutos electorales y coaliciones tendrán libertad para registrar a un perfil masculino o femenino. La obligación de alternar se activará en la elección de 2033: el partido que postule a un hombre en 2027 deberá postular a una mujer seis años después. Sin embargo, la legislación aprobada incluye una excepción que permite repetir una candidatura femenina de forma consecutiva sin romper la regla legal.
Ante la apertura del litigio constitucional, el área jurídica del Congreso del Estado alista la contestación formal que remitirá al máximo tribunal del país para defender la validez de la reforma. La resolución de los ministros determinará los límites regulatorios que tendrán los partidos políticos para la postulación de sus candidaturas ejecutivas en San Luis Potosí durante los próximos ciclos electorales.
