Por su reiterado incumplimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado de San Luis Potosí enfrenta una nueva acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0571. La impugnación busca la invalidez total de la recientísima reforma electoral por vulnerar los derechos político-electorales de más de 570 mil integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, al ser aprobada de nueva cuenta sin las consultas previas, libres e informadas que exige la Constitución.
El recurso legal ante el máximo tribunal del país fue asumido y presentado formalmente por la dirigencia nacional de la organización política Somos México, encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Guadalupe Soto González, a través de la gestión de su enlace estatal, Xavier Nava Palacios. La fuerza política puso a disposición su prerrogativa constitucional para dar causes legales a la demanda que impulsaban colectivos ciudadanos y activistas locales, entre ellos Catalina Torres Cuevas.
Esta vía partidista se convirtió en la única alternativa ante la inacción y renuncia institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí. Pese a que las organizaciones civiles le entregaron un proyecto elaborado específicamente para que el organismo garante encabezara la defensa de los derechos vulnerados, la presidencia de la CEDH rechazó rotundamente promover la acción de inconstitucionalidad, dejando desprotegidos a los sectores vulnerables que debía tutelar.
La postura del organismo no solo se limitó a la negativa formal. De acuerdo con la defensora Torres Cuevas, la tensión escaló en las propias instalaciones de la CEDH cuando el secretario ejecutivo del organismo, Miguel Carvajal, agredió físicamente a una activista durante las protestas por la omisión de la institución. El hecho derivó en una queja interna, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y la asignación de medidas de protección para la víctima, evidenciando un deterioro en la función de un ente creado para proteger la integridad de la ciudadanía.
La controversia de fondo radica en la reincidencia del Poder Legislativo potosino. La Suprema Corte ya había invalidado la legislación electoral local en 2020 por falta de consulta, y en 2022 volvió a anular diversas disposiciones por insuficiencia en el proceso, fijando un plazo que venció en octubre de 2025. Lejos de acatar el mandato judicial, el Congreso volvió a reformar en 2026 las reglas para la postulación de candidaturas e integración de los 59 ayuntamientos de la entidad incurriendo en desacato.
La acción promovida resalta que no se busca sancionar a los legisladores, sino solicitar a la SCJN que determine la invalidez del Decreto 0571, restablezca provisionalmente la norma anterior para dar certeza al proceso electoral 2026-2027 y ordene al Congreso un calendario verificable para realizar las consultas obligatorias.
