La polémica en torno al marco electoral de San Luis Potosí escaló tras las declaraciones de la presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el Decreto 0539. La legisladora arremetió contra los recursos legales presentados por Morena y el Poder Ejecutivo Federal, asegurando que la postura del oficialismo busca frenar el avance político de las mujeres rumbo a los comicios para la gubernatura en 2033.
Sin embargo, la defensa pública vertida por la diputada atribuyó al texto legal alcances que no están vigentes en la redacción aprobada. Mientras Rocha afirmó que la norma obligará a todos los partidos a postular únicamente candidatas femeninas en 2033, el articulado transitorio establece un esquema distinto: los institutos políticos mantendrán libertad de postulación en 2027 y la alternancia obligatoria se activará seis años después en función del género registrado previamente, incluyendo la facultad de volver a postular a una mujer en caso de que corresponda un varón.
La contradicción se profundizó cuando la representante del Poder Legislativo local reconoció ante la prensa que desconocía los argumentos jurídicos precisos asentados en las acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y 86/2026. Pese a no precisar si las demandas de la Federación y el partido guinda alegan invasión de competencias o violaciones a la autodeterminación de los partidos, la congresista calificó el litigio como un atentado directo contra la paridad.
El proceso legal quedará ahora en manos del área jurídica del Congreso del Estado, la cual alista los alegatos formales para responder al requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros del máximo tribunal tendrán que analizar la constitucionalidad del Decreto 0539 y fijar la validez del esquema de alternancia que regirá el registro de candidaturas ejecutivas en la entidad.
