La administración estatal de San Luis Potosí confirmó la salida de Joaquín García Martínez al frente de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT), tan solo un año despúes de su nombramiento. Aunque el aparato oficial emitió un comunicado para ensalzar su breve periodo con supuestas obras de infraestructura y embellecimiento, la realidad detrás de las rejas de los pulmones más importantes de la capital potosina entrega un balance marcado por el colapso administrativo, la opacidad presupuestal y el asedio a la gratuidad del espacio público.
Bajo la dirección de García Martínez, los parques Tangamanga I y II sufrieron una agresiva política de recaudación que indignó a la ciudadanía y dinamitó su carácter popular. La publicación de catálogos internos con tarifas excesivas transformó el libre acceso en un negocio: el personal comenzó a exigir cobros de hasta dos mil pesos por actividades cotidianas como colocar toldos, usar inflables, organizar comidas familiares o realizar sesiones fotográficas, además de imponer rentas de hasta mil 200 pesos por el uso de las canchas deportivas públicas.
A este polémico esquema de cobros se sumó una profunda opacidad en el manejo de los recursos, ensombrecida por denuncias sobre desvíos y pagos publicitarios millonarios orientados a favorecer a medios de comunicación vinculados al polémico operador político Héctor Serrano Cortés.
El emblema del fracaso de esta gestión fue el proyecto «DinOasis Aqua Park», un balneario cuya supuesta consolidación operó más bien como propaganda oficialista que como un beneficio real. Además de los cuestionamientos por presuntamente beneficiar a particulares con el registro de la marca, el parque acuático enfrentó un severo revés judicial cuando un Tribunal Colegiado revivió el amparo promovido por la organización civil Cambio de Ruta, la cual denunció el impacto negativo del proyecto sobre el entorno ecológico.
Esta resolución respaldó las múltiples quejas de ambientalistas que acusaron a García Martínez de una sistemática mala gestión de los recursos naturales, alertando que las supuestas reforestaciones de seis mil árboles fueron solo paliativos mediáticos ante un verdadero retroceso en la conservación de la biodiversidad local. Al dejar el cargo, el exfuncionario hereda un escenario de crisis legal, social y ambiental, mientras el Ejecutivo estatal mantiene el hermetismo sobre quién asumirá las riendas de un patrimonio potosino profundamente vulnerado.
