El diputado Héctor Serrano Cortés, ha descubierto un nuevo enemigo mortal, y no, no es la Inteligencia Artificial, ni el rezago de iniciativas guardadas en el cajón, ni la transparencia que tanto desprecia. El verdadero nuevo peligro —según sus propios delirios— son los propios trabajadores y asesores del Congreso, que filtran informacióna a «sus enemigos».
El diputado chilango saliendo a amagar con lupas, investigaciones y la intervención de la Contraloría contra asesores y trabajadores por presuntas “filtraciones” a la oposición es una estampa clásica de su estilo político: ver enemigos en todos los rincones, sombras que complotan y se confabulan para dañar su tan afinada reputación.
El argumento de fondo: el personal administrativo debe actuar con imparcialidad y lealtad institucional. Nadie discute que la ética pública sea deseable. La fisura aparece cuando la narrativa serranista transforma cualquier borrador, dictamen o documento de trabajo —que por mandato constitucional (artículos 6.° y 7.°) debiera regirse bajo el principio de máxima publicidad— en material confidencial digno de espionaje de alta nivel.
Para que exista una “filtración” jurídicamente sancionable, el documento en cuestión tendría que haber sido clasificado formalmente como reservado por la unidad de transparencia. Si no hay sello ni acuerdo previo, no hay secreto violado; lo que hay es, acaso, una pifia en el control de daños político. Pretender sancionar a la plantilla operativa por la circulación de papel que, por naturaleza democrática, debería ser público, roza, por decir lo menos, la arbitrariedad, la ridiculez y desenmascara un profundo miedo del legislador y sus secuaces de que se sepa que es lo que acuerdan cuando nadie está grabando.
Pero más allá del debate leguleyo sobre la tipicidad de las faltas administrativas, la maniobra deja un tufo preocupante en el ambiente laboral de Vallejo 200. Convertir al Congreso en un escenario de sospechas generalizadas no solo enrarece el trabajo diario; coloca al eslabón más débil —el asesor que redacta, el mecanógrafo, el personal operativo de honorarios— en una posición de absoluta vulnerabilidad.
En el ecosistema parlamentario, cuando las bancadas se rasgan las vestiduras por el control de la agenda, la cuerda siempre se rompe por el lado del trabajador sin base. ¿Habrá revisiones de correos, inspecciones de telefonía y fiscalización de amistades bajo el pretexto de la «disciplina»? El límite entre la investigación institucional y el amedrentamiento laboral suele ser demasiado delgado como para ignorarlo.
La filtración es, casi siempre, el síntoma de un órgano que prefiere la penumbra a la discusión abierta. Utilizar a la Contraloría Interna como garrote para dar con los «soplones» no va a resolver las fracturas entre las bancadas ni va a blindar la imagen del Congreso. Si la información interna genera conflicto al salir a la luz, a lo mejor el problema no es el papel que circuló, sino lo que venía escrito en él.
