La infalibilidad del poder absoluto dura exactamente hasta que choca de frente con la dignidad ciudadana. En San Luis Potosí, el repliegue forzado de Ricardo Gallardo respecto a la infame Ley Serrano no es un acto de magnanimidad política ni de escucha democrática; es, con todas sus letras, la última gran derrota de muchas enlistadas en su administración.
La tenaz resistencia de periodistas y medios de comunicación independientes obligó al Ejecutivo a recular sobre una reforma penal que pretendía criminalizar la libertad de expresión, desnudando en el proceso la improvisación y el autoritarismo fallido de una gestión que creyó que el estado era su feudo. El costo político ya es inocultable, y sus ondas de choque trascienden las fronteras locales para desgastar la imagen del proyecto en el plano nacional e internacional.
Este revés legislativo no llegó solo. El segundo golpe al núcleo del gobierno estatal se consumó cuando fracasó el burdo intento de silenciar y controlar a los medios críticos que osaron cuestionar el evidente proyecto nepotista de Ruth González. Lo que el palacio de gobierno planificó como una estrategia de control y asfixia mediática terminó convertido en un bumerán que debilitó la figura del mandatario y expuso ante la opinión pública las verdaderas intenciones del régimen: silenciar cualquier voz disidente que empañe la línea oficial. Al intentar blindar la sucesión dinástica, solo consiguieron evidenciar el miedo a la crítica.
La tercera derrota radica en la narrativa desmantelada. En su desesperado intento por construir una épica justiciera que disfrace su fracaso, el gobernador prefiere ignorar a las víctimas reales de su cerrazón y refugiarse en el monólogo con sus dos o tres aplaudidores incondicionales. Esos mismos personajes que ayer defendían con rabia la mordaza de la Ley Serrano son quienes hoy, con una mueca de vergüenza en el rostro, celebran el recule como si fuera un triunfo.
Sin embargo, el control de daños cobró una víctima colateral de alto peso: Héctor Serrano Cortés. Otrora presentado por la propaganda oficial como uno de los mayores estrategas y conocedores de la política nacional, Serrano fue sacrificado políticamente sin miramientos, quedando expuesto y debilitado tras haberse prestado a ser el alfil de la censura.
Ahora, su reputación de operador maestro queda reducida a la de un simple peón subordinado a los caprichos de la gallardía. Mientras el gobernador intenta reconstuir su narrativa y los incondicionales tragan saliva, entre las sombras de la oficina principal, alguien alcanzó a percibir que el secretario general, Lupe Torres, sonreía de manera extraña.
