La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una reforma constitucional promovida por el presidente Daniel Ortega que prohíbe de manera explícita la participación de la oposición nicaragüense en cualquier proceso electoral. La enmienda legal inhabilita políticamente a quienes el régimen considere traidores a la patria, a quienes hayan participado en lo que el gobierno califica como intentos de golpe de Estado o a quienes soliciten sanciones internacionales y bloqueos económicos contra la nación centroamericana.
El paquete de modificaciones a la carta magna amplía el periodo presidencial de seis a siete años, beneficio que aplicará de manera directa para el mandato actual que ejercen en conjunto el exguerrillero de 80 años y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. La iniciativa legislativa deberá ser ratificada formalmente durante la segunda legislatura a principios de 2027, consolidando la hegemonía del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tras el aplazamiento previo de las elecciones generales para noviembre de ese mismo año.
La medida generó un inmediato rechazo internacional encabezado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos, instancias que evalúan la imposición de nuevas medidas de presión diplomática y castigos financieros contra la administración sandinista. Pese a las condenas por parte de organismos multilaterales y dirigentes exiliados, la enmienda desconoce formalmente la aplicación de leyes extraterritoriales, blindando el control político del régimen de Daniel Ortega frente a las exigencias de democracia en Nicaragua.
