La intención expresada por el gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez para abandonar el organismo operador de agua potable antes de que concluya el actual periodo administrativo desató serias dudas en el ámbito legislativo y político. Voces del Congreso local y del Senado señalaron que, al no existir todavía una propuesta formal radicada en el Poder Legislativo, el anuncio corre el riesgo de quedarse en mero discurso con tintes electorales en lugar de constituir un proyecto viable.
La discusión central radica en la ausencia de una ruta técnica de transición. La diputada Gabriela Torres enfatizó que dejar el esquema metropolitano exige explicar a fondo cómo se asumirá la operación técnica del suministro y bajo qué mecanismos se garantizará el derecho humano al agua, advirtiendo que el reparto mediante camiones cisterna no representa una alternativa sostenible ni permanente para la población.
Las consecuencias de una separación apresurada fueron comparadas con procesos recientes en la región. La activista Maribel Lemoine recordó la experiencia de Villa de Pozos para alertar sobre la desprotección institucional que puede surgir tras una desincorporación sin sustento. Explicó que abandonar la estructura actual requiere la elaboración de un plan maestro hídrico proyectado a un plazo de 10 a 15 años, acompañado de inversiones garantizadas y la formación de un organismo operador de agua de carácter autónomo, con perfil técnico y libre de presiones políticas.
El aspecto financiero representa uno de los obstáculos más complejos para concretar la salida. La cartera vencida en Soledad alcanza montos millonarios vinculados a más de 110 mil cuentas con adeudos pendientes. El vacíos sobre qué entidad asumirá el cobro de esos recursos pendientes genera preocupación, pues el mensaje público de una ruptura inminente con Interapas podría desincentivar aún más el cumplimiento de pago por parte de los usuarios.
Desde la tribuna federal, la senadora Verónica Rodríguez consideró que la medida refleja una evasión de responsabilidades institucionales. Recordó que el ayuntamiento soledense integra formalmente el Consejo de Gobierno del organismo, por lo que las fallas en la prestación del servicio deberían abordarse e impulsarse desde las dependencias internas y no mediante una fragmentación del sistema metropolitano.
