La incorporación del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto” al sistema IMSS-Bienestar ha detonado un conflicto laboral que mantiene a cientos de trabajadores sin el pago completo de prestaciones de fin de año y con una creciente inconformidad hacia las autoridades y su representación sindical. A pesar de acuerdos formales y plazos establecidos por escrito, aún no depositan los recursos, lo que ha impactado directamente en la economía de cerca de 800 empleados sindicalizados.
Desde diciembre, el personal del Hospital Central esperaba el cumplimiento del pago de bonos de fin de año, la segunda parte del aguinaldo y el bono de Reyes. Una minuta firmada el 30 de diciembre de 2025 fijó como fecha límite el 6 de enero de 2026 para la dispersión de estos conceptos. El documento lo avaló la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central (STEHC), Evelia Hernández Cano; el director administrativo de los Servicios de Salud, Gerardo Rodríguez Lárraga; y representantes de la Subsecretaría de Gobernación. Sin embargo, el plazo se agotó sin que los depósitos se reflejaran en las cuentas del personal.
Como parte de las acciones anunciadas, se entregaron tarjetas bancarias para la supuesta dispersión de los recursos, pero trabajadores señalan que la medida fue incompleta y, en muchos casos, ineficaz, ya que las tarjetas permanecen sin fondos. A esta situación se suma la exclusión de empleados que se encuentran bajo incapacidad por accidente o enfermedad laboral, pese a formar parte del padrón vigente, lo que ha generado reclamos por criterios poco claros en la asignación de los pagos.
El malestar se intensificó cuando, tras el incumplimiento del 6 de enero, la dirigencia sindical difundió comunicados internos en los que aseguró que el patrón tiene hasta el 15 de enero para realizar los pagos, argumento que contradice lo pactado en la minuta previamente firmada. Para los trabajadores, interpretaron esta postura como una falta de respaldo y un abandono de la defensa sindical en un momento crítico.
La problemática laboral se inserta, además, en un contexto más amplio de deterioro del hospital tras su transición al IMSS-Bienestar. El personal denuncia la reducción de especialidades, la escasez de medicamentos —incluidos insumos oncológicos— y la pérdida gradual del nivel de atención que caracterizaba al nosocomio. En este escenario, vinculan el incumplimiento de sus derechos laborales con una afectación directa a la calidad del servicio que recibe la población.
Otro punto de tensión es la falta de información sobre el fideicomiso de los trabajadores. Integrantes del comité de supervisión aseguran no contar con datos claros sobre el estado de los recursos, lo que ha incrementado la desconfianza y las sospechas de irregularidades dentro de la estructura sindical.
Empleados con mayor antigüedad recuerdan que, en otros periodos, la movilización y la protesta eran mecanismos para exigir el cumplimiento de acuerdos. Hoy, afirman, predomina el temor a represalias y la ausencia de apoyo sindical, lo que ha generado un clima de silencio y vulnerabilidad entre el personal.
Por su parte, la Dirección General del Hospital y la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, encabezada por Daniel Acosta Díaz de León, han señalado de manera escueta que se realizan gestiones ante la Federación para liberar los recursos. Para los trabajadores, el argumento de la falta de presupuesto federal no justifica el impago de prestaciones ya devengadas.
El personal del Hospital Central advirtió que, si el nuevo plazo del 15 de enero no se cumple, la inconformidad podría escalar fuera de los canales internos. La demanda se mantiene firme: respeto a los acuerdos firmados, pago inmediato de las prestaciones pendientes y transparencia en el manejo del fideicomiso que pertenece a los trabajadores.
