El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, propuso una serie de lineamientos para auditar de forma anticipada el gasto y el uso de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos. La iniciativa busca frenar el proselitismo camuflado bajo figuras partidistas como «defensores» o «coordinadores estatales», estrategias que vulneran la equidad de la contienda. El funcionario advirtió que diversas fuerzas políticas han adelantado los tiempos electorales mediante asambleas, destapes públicos y colocación de propaganda en bardas, a pesar de que el marco legal restringe estas actividades hasta enero de 2027.
La propuesta técnica contempla mecanismos de fiscalización temprana que se aplicarían aun cuando los partidos reporten estos desembolsos dentro de su ejercicio ordinario. Castillo argumentó que las actividades internas dirigidas a la militancia carecen de justificación para exponer de forma masiva la identidad y propuestas de los aspirantes ante la ciudadanía general. No obstante, la puesta en marcha de estas reglas permanece congelada debido a que los integrantes del Consejo General del INE solicitaron un plazo adicional para su revisión, lo que motivó un llamado del promovente para agilizar su aprobación.
El árbitro electoral enfrenta vacíos normativos derivados de las recientes resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El consejero criticó que el Tribunal abandonara el criterio histórico que sancionaba los llamados implícitos al voto, limitando la configuración de actos anticipados únicamente a las expresiones explícitas de apoyo electoral. Esta nueva interpretación permitió que la Sala Superior desestimara quejas contra institutos políticos como Morena —denunciado por un video de su entonces dirigente, Luisa María Alcalde—, al catalogar sus eventos masivos como procesos puramente organizativos e internos.
En la acera opuesta, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, frenó la aprobación inmediata del proyecto al señalar que las reglas no pueden validarse sin un análisis previo y el consenso de los partidos políticos involucrados. El debate institucional coincide con un escenario donde más de una treintena de legisladores federales ya manifestaron sus aspiraciones de contender por alguna de las 17 gubernaturas en juego; entre ellos destacan Andrea Chávez por Chihuahua, Saúl Monreal por Zacatecas y Ruth González por San Luis Potosí, intensificando la urgencia de regular los límites del proselitismo.
