Las denuncias anunciadas por los partidos de oposición ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para investigar el evento conmemorativo por los 20 años del gallardismo responden a una estrategia política rumbo a la contienda de 2027 y no a un apego real a la legalidad. Así lo manifestó el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, quien anticipó un incremento en este tipo de recursos jurídicos a medida que se aproximen los tiempos electorales.
El legislador potosino argumentó que la movilización del pasado 9 de julio, la cual estimó en más de 130 mil asistentes distribuidos en dos puntos de concentración a pesar de las condiciones climáticas, representa una manifestación legítima de respaldo ciudadano y no una infracción a las normas electorales.
Para Serrano Cortés, el cuestionamiento de la oposición busca mermar el impacto de la convocatoria del movimiento, tras señalar que los partidos políticos tienen el derecho de promover los recursos legales que consideren pertinentes, pero insistió en que el fondo de las impugnaciones es eminentemente electoral.
En su argumentación, el diputado cuestionó la disparidad en los señalamientos de la oposición al contrastar las críticas hacia el gallardismo con la participación del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, en eventos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, actividades que, según dijo, no reciben el mismo escrutinio público.
De igual forma, Serrano Cortés vinculó las recientes descalificaciones con la irrupción de nuevas fuerzas políticas en la entidad, en referencia directa a los señalamientos emitidos por el coordinador estatal del partido Somos MX, Xavier Nava Palacios.
La postura del bloque mayoritario en el Legislativo surge luego de que la dirigencia del PRI confirmara la presentación de un escrito formal ante el organismo electoral para determinar si el acto masivo configuró actos anticipados de campaña o violaciones a la normativa vigente.
Ante este escenario, el coordinador parlamentario del PVEM afirmó que el movimiento confía en los criterios jurídicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, bajo la premisa de que las resoluciones institucionales deben apegarse estrictamente al marco legal y mantenerse al margen de las presiones mediáticas o de la agenda de los partidos opositores.
