Este 7 de julio se cumplen exactamente ocho meses desde que la violencia desbocada en San Luis Potosí arrebató la vida a Jorge Eduardo Dávila Ramírez, el brillante estudiante y pasante de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Aquella trágica noche del 7 de noviembre de 2025, la indignación social y el luto de la comunidad académica exigieron un basta ya a la delincuencia en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido una bofetada de desesperanza sistemática.
Mientras el aparato gubernamental se empeña en inundar la opinión pública con triunfalistas descensos estadísticos en los índices delictivos de alto impacto, la dolorosa realidad del caso de Jorge Eduardo demuestra que, detrás del maquillaje de las cifras, la impunidad y la parálisis institucional siguen gobernando la entidad.
La actuación de la Fiscalía General del Estado ha sido un catálogo de oportunismo mediático y torpezas procesales. Más preocupada por apagar el fuego de la presión social que por consolidar una investigación sólida, la fiscalía apresuró detenciones que, lejos de traer claridad, abrieron la puerta a la impunidad.
El episodio más escandaloso de esta preocupante falta de rigor institucional ocurrió pocas semanas después del crimen, cuando se filtró de manera ilegal y sumamente irresponsable el video del interrogatorio de uno de los presuntos sospechosos detenidos. Esta grave transgresión, calificada en su momento por el rector Alejandro Zermeño Guerra como un acto irresponsable que vulnera directamente el debido proceso penal, expuso la fragilidad de una institución que prefiere alimentar el morbo público antes de garantizar un juicio justo y legal que resista los amparos de la defensa.
A la par de la Fiscalía, la inoperancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí consolida el limbo en el que se encuentra el caso. A pesar de los boletines oficiales que presumieron autos de vinculación a proceso y prisiones preventivas, el expediente permanece empantanado en la burocracia de los juzgados locales, sin una sola sentencia condenatoria ni un juicio oral formalmente programado.
Los meses transcurren en audiencias diferidas, trámites lentos y una alarmante apatía por parte de los jueces de control. Esta alarmante parálisis procesal demuestra que el acceso a la justicia pronta y expedita en San Luis Potosí es solo un mito constitucional reservado para los discursos políticos, mientras que para las familias de las víctimas representa un desgaste psicológico y económico infinito.
La total desprotección de las víctimas en la entidad se agrava por la vergonzosa ausencia de los organismos públicos que, por mandato legal, debieron actuar como escudos de contención. Tanto la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han brillado por su completa inacción en este caso. Ninguna de estas dependencias ha brindado un acompañamiento real e integral a la familia de Jorge Eduardo, ni ha levantado la voz para exigir sanciones por la filtración del video que comprometió la legalidad del proceso judicial. Convertidas en costosas figuras decorativas del erario público, estas comisiones se mantienen en un silencio cómplice que valida el desamparo de las víctimas de la criminalidad.
A ocho meses del homicidio de un joven ejemplar, San Luis Potosí sigue confirmando que el valor de una vida humana se disuelve con rapidez en el letárgico papeleo de su fallido sistema de justicia.
