Un juzgado federal concedió un amparo a la organización Cambio de Ruta y ordenó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) emitir una nueva respuesta sobre la recaudación y aplicación de los recursos obtenidos mediante el Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC), al considerar que la dependencia no atendió de manera adecuada una solicitud de información pública.
La resolución, emitida dentro del expediente 158/2026, concluyó que la respuesta proporcionada por la Sefin vulneró el derecho de acceso a la información al no ofrecer datos claros, completos y debidamente fundamentados sobre el llamado “impuesto verde”. Con ello, el juzgado determinó que la dependencia deberá corregir las deficiencias detectadas y entregar una contestación acorde con las obligaciones de transparencia.
De acuerdo con la organización civil, la controversia surgió tras una solicitud presentada en agosto de 2025 para conocer el monto recaudado por el impuesto ambiental y el destino específico de esos recursos. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, Cambio de Ruta promovió un juicio de amparo para exigir el acceso a la información requerida.
Durante el proceso judicial, la Secretaría de Finanzas sostuvo que sí había respondido la solicitud pocos días después de recibirla, argumento que fue analizado por la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, la jueza concluyó que la contestación no atendió de forma efectiva los cuestionamientos planteados por la organización.
La sentencia señala que la dependencia se limitó a proporcionar enlaces genéricos de internet sin desglosar la información solicitada ni justificar de manera específica cada uno de los puntos requeridos, por lo que la respuesta careció de congruencia, fundamentación y motivación suficientes.
Ante estas irregularidades, el Juzgado Segundo de Distrito concedió la protección de la justicia federal a Cambio de Ruta y ordenó a la Secretaría de Finanzas emitir una nueva respuesta debidamente sustentada, evitar el uso de referencias genéricas o contestaciones incompletas y notificar formalmente a la organización sobre el cumplimiento de la resolución.
La decisión judicial refuerza la obligación de las autoridades de garantizar el acceso efectivo a la información pública, especialmente cuando se trata de recursos obtenidos mediante contribuciones con impacto ambiental y de interés ciudadano.
