El Poder Legislativo de San Luis Potosí sufrió una serie de reveses legales tras confirmarse la ilegalidad del procedimiento con el que inhabilitó a exintegrantes del Cabildo capitalino de la administración 2018-2021. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos juzgados federales determinaron que los diputados locales invadieron competencias, obligando al Congreso del Estado a revertir las sanciones impuestas bajo el argumento de que carecían de atribuciones para juzgar el presunto desacato de una suspensión judicial en materia de obra pública.
El mandato judicial más reciente involucra de forma directa a la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, a quien el máximo tribunal del país otorgó un amparo definitivo. El Juzgado Tercero de Distrito concedió una prórroga única de 15 días hábiles —cuyo plazo comenzó a correr el 9 de junio y concluye a finales de este mes— para que la Comisión Jurisdiccional emita una nueva resolución que declare formalmente improcedente el juicio político y anule la inhabilitación original de 15 años.
La complejidad jurídica del caso radica en que las sanciones emitidas en diciembre de 2021 tomaron rutas procesales individuales. El primer golpe constitucional contra el Legislativo potosino ocurrió con el expediente del exalcalde Xavier Nava Palacios, cuya sentencia favorable sentó un precedente nacional y generó jurisprudencia al dictaminar que un Congreso local no puede calificar violaciones a suspensiones de amparo, una facultad reservada de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales de la Federación.
Mientras el asunto de la exsíndica se encuentra en etapa de cumplimiento inmediato, los expedientes de siete exregidores corren por una vía distinta en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se ordenó la reposición de los procedimientos de amparo debido a faltas graves en la valoración de pruebas. La defensa legal del Poder Legislativo apostaba a que las decisiones derivadas de juicios políticos eran inatacables; sin embargo, los tribunales federales resolvieron que dicha inmunidad desaparece ante violaciones a los derechos humanos.
La controversia original nació por denuncias del ejido Rancho Viejo La Libertad respecto a la construcción de un puente vehicular en el bulevar Antonio Rocha Cordero. El Congreso local apresuró las sanciones cuando los juicios federales seguían abiertos, un actuar que ahora podría derivar en multas de 230 UMA y procedimientos de inejecución de sentencia si los diputados locales deciden desacatar la resolución federal o dilatar el cumplimiento de la ejecutoria de la Suprema Corte.
