Las autoridades realizarán una diligencia para cumplir la suspensión provisional que ordena la restitución de las tierras y viviendas del predio La Peña, ubicado en la localidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona. La actuación busca devolver la posesión del inmueble a familias de las comunidades tének y nahua que desalojarón el pasado 9 de junio.
De acuerdo con Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), tras recibir la notificación de la fecha de la diligencia, representantes de la organización, personas afectadas y abogados de la Defensoría Social Federal sostuvieron una reunión para definir acciones de acompañamiento y respaldo a la comunidad indígena.
Como parte de los acuerdos, solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar la diligencia. La Unidad de Gobierno de la representación estatal de la Secretaría de Gobierno formalizó esta petición mediante un oficio dirigido a la coordinación estatal de la corporación, mientras que la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) promovió la solicitud.
González Gómez afirmó que la presencia de la Guardia Nacional busca garantizar la seguridad de las familias desalojadas y evitar nuevos hechos de violencia durante la restitución. Señaló que existe preocupación entre los habitantes por la posibilidad de que se repitan agresiones por parte de corporaciones de seguridad, por lo que consideró necesaria la intervención de una autoridad federal.
El dirigente agregó que la comunidad también acordó acudir a instancias federales si la resolución judicial no se ejecuta en los términos ordenados. Indicó que, en caso de detectar irregularidades o un incumplimiento de la resolución, una comisión viajará a la Ciudad de México para plantear el caso ante la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La diligencia deriva de una resolución emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en San Luis Potosí, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito dentro de la Queja Penal 195/2026. La determinación también involucró a la Fiscalía General del Estado como superior jerárquico del Ministerio Público, con el fin de garantizar la ejecución de la orden judicial.
